Un ex ministro de la Nación del gobierno de Mauricio Macri y el principal aportante de la campaña de Alberto Fernández fueron citados a declarar, tras ocho años de somnolencia judicial, en la causa por presunto vaciamiento de inmuebles que pertenecieron a El Diario. La Justicia decide la suerte de esos empresarios, en varias causas, desde oficinas montadas en edificios presuntamente robados y sobre lo que debe investigar. Cuando Grabois y Dolores Etchevehere dijeron que la mitad del Poder Judicial está comprada y la otra tiene miedo, entonces ahí comenzó a moverse la causa por presunto vaciamiento. Eso mismo fue evaluado por gran parte de los 85 trabajadores despedidos de El Diario que siguen esperando que les paguen las indemnizaciones. Por eso se encontraron frente a tribunales: para juntar sus gritos.

Jorge Riani

La llegada de Juan Grabois y Dolores Etchevehere dejó al descubierto la inmensa cantidad de expertos que tiene la Argentina en materia de producción agropecuaria y en revoluciones socialistas. Los foristas de diarios digitales se han encargado de señalar las correcciones de rumbo que deberían tomar los hechos, mientras sueñan, muchos de ellos, con hacer algo más o menos ruidoso, en sus vidas, que no sea tirar cohetes en Navidad o flatos en el baño.

Si el Proyecto Artigas existía como tal o era un golpe de efecto político, ideológico y judicial, solo lo sabrán sus mentores: Grabois y Dolores. Como sea, logró sacudir algo en una ciudad que se acostumbró a la somnolencia de causas graves, como aquella que presume que dos viejos del campo fueron condenados a una vida de miseria y maltrato: los hermanos Cornejo.

Quizás la Justicia esté esperando un empujoncito también en esa causa, como el que recibió en la causa por vaciamiento de El Diario, luego de que Grabois y Dolores dijeran que la mitad de los jueces están comprados y la otra mitad tiene miedo. Decir eso ha sido exagerado. Pero surtió efecto.

Quizás no sea cierto lo que ha señalado Grabois respecto de la característica general de jueces y fiscales, y solo se haya tratado de algo menos grave, como ser perezosos.

No puede ser casualidad que un ex ministro nacional como Luis Miguel Etchevehere haya tenido que ir a declarar en una indagatoria, antes de la cual debió embadurnarse los dedos con tinta para dejar estampadas sus huellas, apenas después de semejante acusación pública nacional que hizo el dirigente de Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y amigo personal del Papa.

A ninguna autoridad judicial le ha parecido suficientemente grave que una empresa, con dueños acusados de vaciarla escandalosamente, hayan despedido a 85 personas, sin pagar ni un peso en indemnización ni en concepto de sueldos que fueron adeudando durante más de un año.

Y seguramente seguirá sin parecerles grave, bochornoso. Ahora se trata de mostrar que no era por miedo o por soborno que no hacían nada.

Cuentan que una jueza del Superior Tribunal de Justicia reclamó en una acordada que se reactive la causa. Bien. Lástima que no escuchó antes los bombos, ni los redoblantes, ni leyó las cuatrocientas notas que describieron estafas particulares y morosidades públicas.

Lo importante es lo de ahora: bien. “Si muove”.

El megáfono de Dolores Etchevehere y los videomensajes de Juan Grabois activaron una causa que nunca debió haberse desactivado, que nunca debió haber dormido la siesta entrerriana de ocho años, como durmió.

Mientras la Justicia compraba o alquilaba algunos de los inmuebles presuntamente expoliados de forma ilegal a la Sociedad Anónima Entre Ríos, la causa por esas ilegalidades comenzaba su sueño que, sabemos ahora, no era eterno.

Sí, la Justicia sentó sus reales sobre propiedades sospechadas de haber sido arrancadas de sus legítimos dueños de manera ilegal. Entonces ocurre, en esta provincia, que el fuero laboral debió decidir sobre el futuro de los trabajadores despedidos de El Diario, en oficinas montadas sobre edificios presuntamente expoliados de manera ilegal al propio diario. Como la casona de calle Santa Fe 326.

“Usted tiene su escritorio y tiene que resolver sentadita en una casa robada por los que ahora echaron a un dirigente gremial”, le espetó un trabajador de El Diario a la jueza Viviana Murawnik.

Y Murawnik falló a favor de los que ahora tienen que ir a declarar por presunto vaciamiento de esa y otras casonas.

Para el representante sindical Fabián Larrea no hubo, como no lo hay en el monte entrerriano para los hermanos Cornejo, ningún efecto como el que logró el Proyecto Artigas.

Larrea fue desaforado gremialmente y luego despedido con causa. La causa era gravísima: protestar por la falta de pago y escribir un graffiti de protesta en una pared de El Diario. En un trámite express echaron a Larrea por pintar en la pared de un inmueble expoliado ilegalmente que, en cambio, no había merecido -ese expolio- la atención judicial que ahora sí parece tener.

Al despido del gremialista lo avaló una jueza desde un inmueble también presuntamente robado a El Diario y reconvertido como oficina judicial.

En el derrotero de sinsentidos quedaron jirones de dignidad arrancada a mucha gente. Y por eso es necesario que la Justicia sea justa y trabajadora y no sólo con la imperiosa necesidad de tener que salir a desmentir, como busca hacerlo ahora, que la mitad está comprada y la otra tiene miedo.

Pretender que la Justicia observe la infame venta de parte del campo de una escuela rural, sigue siendo una ilusión muy lejana para esta provincia. Siempre se supo que Etchevehere compró a precio vil, que es decir infame, vergonzoso, un campo que era de una escuela rural. Y que, no conforme con eso, luego corrió el alambrado para directamente robarse una porción que el gobierno no le había vendido. Y no conforme con eso, logró que el propio Estado robado le pagara el alambrado.

Los Etchevehere lograron cumplir el sueño de Trump: hacer un muro contra los mexicanos y que lo paguen los mexicanos.

Nada de eso abochornó a encumbrados funcionarios judiciales. Pero algo se movió. Y está bien que algo se haya movido, sea cual fuera la fuerza que haya roto la inercia.

El martes, Luis Miguel Etchevehere, un hombre rico e influyente entre las familias influyentes de este país, fue a declarar por una muy seria imputación que le han formulado a él y a su familia. También deberá declarar el empresario Walter Grenón, que la última vez, antes de esto, había sido noticia por ser el principal aportante a la campaña política del candidato Alberto Fernández, ahora presidente de la Nación.

Grenón está acusado de lo mismo que los Etchevehere, pero con una diferencia: fue más hábil y más fuerte. Se quedó con más propiedades.

Influyente, rico, aportante. Quizás todo eso explique la morosidad de la Justicia para hacer lo que es su trabajo, ya no investigar, sino escuchar a los que han investigado o, dicho de otra manera menos determinante, los que han denunciado.

Los Etchevehere fueron citados a declarar horas después de que aparecieran en los canales porteños, en directo y para todo el país, actuando de los hermanos Cartwright defendiendo La Ponderosa. E intentado vender la historia como si fueran los hermanos Kennedy, de La Paz, que ante el golpe a Yrigoyen se atrincheraron y llamaron la atención de todo el país desde el campo entrerriano.

No. Acá no era eso lo que se defendía. Se defendía un campo que incluyó malhabilidamente la parcela de una escuela rural.

Mientras el martes declaraba el mayor de los Etchevehere, un grupo de trabajadores despedidos de El Diario se encontró con integrantes del Proyecto Artigas. La idea era la misma: reclamar algo a los mismos.

Algunos entusiastas tifosis del gobierno provincial se burlaron de la foto sobre la tarima frente a Tribunales. Se burlaron de la foto como no se indignaron ante los despidos, ni del vaciamiento, ni -por supuesto- la entrega de parte de una escuela al poderoso Etchevehere.

El gobernador Jorge Busti dijo que vendió la escuela por presiones de Etchevehere y porque no quería ponerse de punta con su diario. Es interesante la explicación de un ex mandatario y quizás también eso sería digno de ser escuchado en tribunales.

Luis Miguel Etchevehere entró y salió por la puerta VIP del Palacio de Justicia. Una puerta exclusiva por la que no entran ni salen los acusados pobres, pero tampoco por la que ingresa la gente que tiene que ir a hacer un trámite o a cumplir con algo allí adentro.

Lo importante es que LME entró a Tribunales, porque por menos que eso cualquiera debería contratar un estacionamiento cerca para cumplir con las citaciones a indagatoria.

El Proyecto Artigas, tan admirado, tan denostado, logró que se reactive una causa de dimensiones directamente proporcional al bochorno que constituye su paralización por ocho años.

Luis Miguel Etchevehere tuvo que responder sobre la capitalización de Construcciones de Paraná a costa de la descapitalización definitiva de Sociedad Anónima Entre Ríos (empresa dueña de El Diario), maniobra que terminó con en un proceso de concurso con 85 trabajadores en la calle. “A través de una triangulación societaria que Luis Miguel Etchevehere no pudo negar en la indagatoria, ellos compraron sus propios inmuebles, vaciando a El Diario su capital real”, explicó el abogado Lisandro Mobilia, que representa a Dolores Etchevehere en esta causa resucitada entre las catacumbas de la impunidad.

Ahora, hay que confiar en que además de decidir ponerse a trabajar en la causa, jueces y fiscales decidan evaluar y resolver con justicia. Sea lo que sea que haya que resolver.